Morelia, Michoacán, 3 de noviembre de 2026.- A través de una adición a la Ley Inquilinaria del Michoacán, el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado, Reyes Galindo Pedraza, busca garantizar y blindar la posesión pacífica del inquilino, estableciendo de manera categórica la prohibición de ingresos discrecionales y prácticas de hostigamiento.
“El propósito fundamental de esta iniciativa, es garantizar y blindar la posesión pacífica del inquilino, dotar a los Juzgados Cívicos Municipales mediante la creación de sanciones económicas específicas para inhibir el hostigamiento inmobiliario y el corte de servicios básicos y blindar el derecho a la posesión pacífica e inviolabilidad del domicilio frente a cláusulas abusivas en contratos; así como prohibir cortes de servicios, retención de bienes y entradas arbitrarias”, resaltó el líder petista.
Lo anterior, al presentar este planteamiento donde refirió que la realidad económica que vive una gran cantidad de población en la entidad, incrementa la demanda en la renta de viviendas y por ende las prácticas abusivas por parte de ciertos arrendadores no se han hecho esperar, que, bajo el pretexto del atraso en el pago de la renta o vencimiento de plazos, muchos propietarios particulares recurren a la “justicia por propia mano”.
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El diputado, señaló que es común que los arrendadores ingresen arbitrariamente a las viviendas bajo la falsa premisa de que “el derecho de propiedad les otorga facultades ilimitadas”, vulnerando la privacidad y la posesión legítima del inquilino. Asimismo, indicó que de manera común se emplean tácticas de coacción y hostigamiento, tales como el corte intencional de servicios públicos esenciales (agua potable, energía eléctrica), alteración o cambio no autorizado de chapas y cerraduras, retención ilegal de bienes muebles y pertenencias personales de los arrendatarios, con el único propósito de obligarlos a desocupar la finca al margen de los procedimientos judiciales establecidos.
En dicho escenario, Reyes Galindo explicó que es insuficiente el marco legal actual y existe un vacío punitivo y administrativo frente a las conductas específicas de coacción y hostigamiento inmobiliario. “Cuando un inquilino sufre una intromisión a su domicilio o el corte de servicios, se ve obligado a transitar por largos y complejos procesos civiles o penales genéricos, quedando en un evidente estado de indefensión y vulnerabilidad frente a la presión de los propietarios”, expuso.
